Estudiante y candidata a prisión
La Audiencia Provincial de Alicante admite a trámite un recurso de Francesca Martínez que denuncia montaje policial
“Me pilló por sorpresa; nadie espera que la policía, por participar en una manifestación normal, te acuse de un delito que conlleva 2 años de prisión”, confiesa Francesca Mercé Martínez. Hace un año Martínez participó en una manifestación sin esperar que, al día siguiente, tuviera que ir al médico para dar un parte de lesiones por parte de la policía. Desde entonces Roser Moliner, abogada que lleva su caso de forma altruista, entabló en una batalla legal para impedir que una estudiante de 18 años acabe en la cárcel.
El pasado 8 de mayo de 2014, el Sindicato de Estudiantes Independiente y el Sindicato de Estudiantes Miguel Hernández convocaron una manifestación en sintonía con la huelga estudiantil convocada en todo el Estado. Martínez asegura que, para ella, era una manifestación al uso. Todo cambió cuando llegaron a la Concejalía de Educación: “Al pasar por la puerta los policías me arrastraron dentro en contra de mi voluntad. A pesar de mi movilidad reducida por un problema en las piernas, me tiraron al suelo. Después de 15 minutos impidiéndome levantarme, me dejaron salir”. Aunque en la Concejalía no recibió ningún aviso, tras dispersarse la manifestación, el Jefe de la Brigada de Información de la Policía Nacional, conocido como Manchón, le identificó en la calle y le dio aviso de que recibiría una llamada durante la semana. La llamada, dos días después, puso en tensión a Mercé: “me citaron a declarar por, supuestamente, agredir a una funcionaria de la Concejalía y a un policía, además de ocupar un espacio público”.
Durante una declaración en sede policial no cabe, por ley, preguntar por la filiación política del acusado. Según Moliner, no fue este el caso, pues la policía “le preguntó sobre su militancia y organizaciones a las que pertenecía” y, al negarse a hacer cualquier tipo de declaración, “le amenazaron con permanecer en el calabozo mientras avanzara la investigación, e incluso con más de dos años de prisión”. Para Moliner, sin embargo, esto no es lo más grave, pues tras la primera declaración la separaron de Martínez: “Estuvo encerrada, apartada de su letrada, unos 40 minutos, mientras dos funcionarios me impedían el paso. Todo esto es completamente ilegal, es un defecto procesal enorme”.
Erosiones en la muñeca
Tras testificar en los juzgados, donde Martínez ratificó lo declarado en sede policial, Moliner recibió
el escrito de acusación. En él, se acusa a Martínez de atentado contra la autoridad, se le pide inhabilitación del sufragio pasivo y una falta leve por lesiones. “Me piden 450 € en concepto de indemnización a un agente por unas supuestas erosiones en la muñeca que no causé”, relata Martínez. La acusación inicial de la Policía Nacional, que no ha querido hacer ningún comentario al respecto, incluía, además de la indemnización y atentado a la autoridad, ocupación de espacio público. Por este último Martínez podría haber ido a prisión, pues la sentencia superaría los dos años de cárcel. Tanto Moliner como Martínez relacionan la desaparición de esta acusación al vídeo difundido por las redes sociales, el cual imposibilita, aseguran, defender que una persona llevada a rastras ocupe un espacio público.
Absolución, falta o prisión
Ahora, tras un mes de espera, les ha llegado una notificación desde la Audiencia Provincial: el recurso presentado por Moliner, que acusa de montaje policial, ha sido admitido a trámite. Un grupo de tres jueces deben deliberar ahora qué ocurre con el caso: pueden absolverla, transformar el delito en falta o “mantener la acusación de 18 meses de prisión”, lamenta Moliner.
Diversas organizaciones ilicitanas, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Comisiones Obreras o Amnistía Internacional (AI) mostraron su apoyo a Martínez. Esta última publicó, un mes después del inicio del caso, un informe sobre el Derecho de Protesta en España, que consideran “cada vez más amenazado”. Según AI, con la crisis y el aumento de la movilización social, las autoridades españolas responden con restricciones a los derechos de libertad de expresión y reunión pacífica, e incluso manifestantes pacíficos “sufren abusos y un uso excesivo de la fuerza”. Martínez encuentra un nexo entre su historia y el informe de AI, pues como puede verse en el vídeo difundido por las redes sociales, fue arrastrada por el suelo hasta el interior de la concejalía “sin oponer resistencia”.
Para Martínez, su caso puede resumirse como un montaje policial con un objetivo concreto: “No creo que haya una motivación política hacia mí, pero sí una intención de criminalizar el movimiento social, como siempre”, sentencia.
Despiece
Los casos no tan excepcionales de abuso policial
Diversos informes de organizaciones tanto independientes como institucionales aseguran que el abuso, montaje y tortura policial, aunque no de forma sistemática, no están fuera de la realidad española.
Según Amnistía Internacional, en su informe Actuación policial en las manifestaciones de la Unión Europea, la policía española se encarga de mantener el orden público, pero “sus métodos no siempre cumplen las normas internacionales”. Es el caso de la concentración dada el 4 de agosto de 2011 frente al Ministerio de Interior, donde diversas cámaras captaron cómo la policía cargó contra manifestantes pacíficos.
El Instituto de los Derechos Humanos de Cataluña publicó un informe sobre la tortura policial en España, centrado en el problema de falta de investigación en las denuncias de este tipo. Estas dos organizaciones y diversos sindicatos, como la Confederación General de Trabajadores, coinciden en que desde el inicio de la crisis económica, junto al aumento de manifestaciones, ha aumentado el número de denuncias por abuso policial.
Francesca Mercé Martínez en la Concejalía de Educación de Elx, retenida por la Policía Nacional // Pablo Miranzo